Sesión 09 Oct 2014

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Concurso en Derecho Constitucional

El tema principal de la sesión fue la convocatoria a concurso de un cargo de titular y cinco adjuntos en Derecho Constitucional. El Vicedecano, Guillermo Barrera Buteler, en esa materia es titular por concurso de una de las tres cátedras (además de continuar como camarista en el Poder Judicial de la Provincia y como titular de otra cátedra, en Derecho Público Provincial).

Celeridad y dos dictámenes. El expediente se inició hace poco más de un mes, pero el oficialismo ya tenía listo un dictamen aprobando el llamado y el tribunal el mismo día en que entró en el Consejo, es decir el 22 de septiembre. Nuestro consejero Carlos Juárez Centeno, junto a consejeros estudiantiles, presentó un despacho de minoría [texto completo, disponible aquí] aconsejando 1) que la convocatoria se suspenda hasta el 31 de julio de 2015, fecha en que termina el mandato del vicedecano; 2) que se establezca un cronograma justificado de llamados a concursos, basado en razones jurídicas, académicas, pedagógicas y administrativas; 3) que se cumpla adecuadamente con el trámite según las normas vigentes. En su despacho, nuestra bancada brindó las razones: (a) la igualdad real de oportunidades y de trato, garantizada constitucionalmente, exige eliminar toda posible influencia, incluso involuntaria, de la autoridad sobre el trámite del concurso; (b) aunque todo llamado a concurso debe ser celebrado, no se ha brindado un cronograma que explique por qué se hace este llamado ahora, cuando existen situaciones mucho más urgentes, como por ejemplo el hecho que hay 20 (veinte) asignaturas con todos sus titulares en calidad de interinos, lo cual hace un total de 46 profesores titulares interinos, según consta en las resoluciones 5 a 11/2014 del HCD aprobadas en marzo de este año; (c) tampoco se ha cumplido con la resolución HCD 187/87, que exige consultar a todas las Facultades de Derecho de universidades nacionales sobre cuáles son sus profesorxs concursadxs, a fin de seleccionar entre ellxs, con criterios explícitos, el tribunal que actuará.

Restricción al debate. La sesión se inició, al igual que la anterior del dia 25 de septiembre, con una moción de orden del consejero oficialista José Luis Palazzo, quien -aduciendo razones de eficiencia- propuso no abrir la discusión sobre los despachos y limitarse a votar por sí o por no. Se trata de una restricción importante al debate público y abierto: en comisiones, la discusión se hace a puertas cerradas. Nuestro consejero Carlos Juárez Centeno rechazó, al igual que la totalidad de lxs representantes estudiantiles, la propuesta por considerarla contraria al funcionamiento democrático del Consejo, atendiendo a la necesaria vinculación del diálogo y la deliberación con el normal desempeño de los cuerpos colegiados en una república. Sometida a votación, este fue el resultado:

9 votos en contra del debate abierto: José Luis Palazzo, Olga Páez, Víctor Martínez, Mercedes Savall de Massa, Laura Echenique y Álvaro Rojas Moresi (docentes); Pablo Gennaro y Martín Carranza Torres (egresados); Silvia del Huerto Aguirre Mathieu (no docente).

8 votos a favor del debate abierto: Carlos Juárez Centeno y María de los Ángeles Bonzano (docentes), Leonardo Dolman Coppari, Marcos Quiroga, Juan Alberto Díaz, Nicolás Musso, Facundo Pérez y Diego Agudo (estudiantes). La consejera María Inés Loyola y su suplente (por el estamento de profesorxs titulares) estaban ausentes.

Sin embargo, el oficialismo no cumplió su propia propuesta, a la que sobre el final de la sesión incluso el consejero Arturo Pagliari reconoció como “no acertada”. Al entrar en el debate del llamado a concurso, el representante oficialista Rojas Moresi señaló que “circunstancialmente” se hallaba en la Facultad el señor Asesor Jurídico de la Universidad, Dr. Ferrer Vera, y que proponía pasar a comisión para escuchar la opinión del letrado sobre el tema. Se aprobó la moción y el Asesor expuso sus ideas durante cerca de 50 minutos. Durante ese lapso, ante la pregunta de un consejero estudiantil, el Dr. Ferrer Vera confirmó que su presencia no era casual, sino que había sido invitado a la sesión por la gestión que integra el Vicedecano.

Los argumentos de nuestro despacho. Nuevamente en sesión, nuestro consejero Carlos Juárez Centeno dio lectura al dictamen de minoría, centrado en dos ejes sustanciales y uno formal. El primero se basa en el principio constitucional de igualdad real de oportunidades y de trato, que exige evitar toda posible influencia -incluso involuntaria- de las autoridades de turno. Justamente por eso, por ejemplo, ni el Rector ni el Decano ni sus vices pueden integrar jurados de concurso. El segundo eje se refiere al ejercicio razonable (CN, art. 28) del poder administrativo: el oficialismo no aporta razones que justifiquen convocar a concurso precisamente en una materia que tiene 2 de sus 3 titulares concursados (y el restante, es un adjunto concursado a cargo), mientras otras 20 (veinte) materias tienen todxs sus titulares interinxs. Cabe recordar que la Facultad no ha presentado el nuevo cronograma de concursos y no se justifican las razones para comenzar justo por el de la materia en la que el Vicedecano es también titular, y donde uno de lxs consejerxs docentes de la oposición pone en juego su cargo, tal como otros representantes de la oposición se encuentran involucradxs. En total, a marzo de 2014, la Escuela de Abogacía cuenta con 57 profesorxs titulares interinxs, distribuidxs a lo largo del plan de estudios. Finalmente, no se ha elaborado una lista de posibles miembros de tribunal a partir de la consulta a todas las universidades nacionales, tal como exige la Res. HCD 187/87.

A la vez, nuestro dictamen señala con preocupación la velocidad impresa al trámite del expediente, mientras desde 2012 no se sustancia el concurso de docentes auxiliares de la misma asignatura. Resulta llamativo, además, que el único cargo de titular a concursar esté interinamente, por aplicación de las normas vigentes, en manos del profesor adjunto por concurso Andrés Rossetti, consejero docente integrante de la bancada opositora. En tanto, tampoco se llama, por ejemplo, al concurso suspendido de la materia Derecho Procesal Constitucional donde el mismo docente es el único candidato con título de doctor. En esa materia, tampoco se habilita la segunda cátedra (que le toca a Rossetti). De hecho, hay sólo 3 asignaturas con cátedra únicas en todo el plan de estudios; pero Procesal Constitucional es la única entre las materias de los primeros años, donde deben establecerse 3 cátedras.

Respuestas insuficientes y frases desafortunadas. Al contestar los cuestionamientos formulados, lxs consejerxs oficialistas no lograron explicar por qué se convoca ahora a este concurso en particular, frente a las veinte asignaturas con todxs sus titulares interinxs, y precisamente cuando el Vicedecano, titular de una de las cátedras, se halla en funciones. Tampoco justificaron el incumplimiento de la Res. HCD 187/87. Se limitaron a reafirmar las cualidades personales del Vicedecano y del tribunal propuesto, lo cual no es materia de discusión en el dictamen de nuestrxs consejerxs.

Lamentablemente, en cambio, en vez de responder sobre el contenido del despacho de minoría y sus contundentes argumentos, en el curso de la sesión integrantes del oficialismo prefirieron atacar gratuitamente a nuestro consejero Juarez Centeno con frases desafortunadas o fuera de lugar. Por ejemplo, la consejera oficialista Aguirre Mathieu le recomendó “tener cuidado” con lo que dice en la sesión, y le señaló que se comportaba como un niño. La consejera oficialista Laura Echenique le pidió que no faltara el respeto a los demás consejeros, aunque no pudo dar ejemplos de esa conducta. El consejero oficialista Arturo Pagliari se dirigió a nuestro representante Carlos Juárez Centeno diciéndole “pedazo de boludo”; luego lo acusó de “estar haciendo quilombo” y “hablar estupideces”. El consejero oficialista Martín Carranza Torres pidió a nuestro consejero “que deponga la actitud petulante y soberbia con la que suele encarar en general las sesiones”, y “que empecemos a trabajar sobre argumentos, sobre verdades, sobre realidades, porque si no siempre trabajamos sobre suspicacias, suspicacias que no conducen a ningún lado, y que lejos de ser democráticas, son un argumento, o una manera de actuar, absolutamente fascista”. Poco más tarde, le dijo a nuestro consejero que “sus suspicacias son muy elocuentes, pero hablan mucho de usted”, porque “lo que usted sospecha es lo que seguramente usted haría si estuviera en el lugar de aquellos que está sospechando”.

Sometido a votación, el expediente fue aprobado del siguiente modo:

11 votos contra los principios constitucionales de igualdad real de oportunidades y de trato y de ejercicio razonable del poder administrativo y contra que los concursos se realicen en forma inobjetable: José Luis Palazzo, Olga Páez, Víctor Martínez, Mercedes Savall de Massa, Laura Echenique y Álvaro Rojas Moresi (docentes); Silvia del Huerto Aguirre Mathieu (no docente); Pablo Gennaro y Martín Carranza Torres (egresados); Juan Alberto Díaz y Diego Agudo (estudiantes).

6 votos a favor de la igualdad real de oportunidades y de trato y de la razonabilidad en el ejercicio del poder administrativo y a favor que los concursos se realicen en forma inobjetable: Carlos Juárez Centeno y María de los Ángeles Bonzano (docentes); Leonardo Dolman Coppari, Marcos Quiroga, Nicolás Musso y Facundo Pérez (estudiantes). Las consejeras Loyola y su suplente estaban ausentes.