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Concurso
en Derecho Constitucional
El tema principal de la sesión fue la
convocatoria a concurso de un cargo de titular y cinco adjuntos en
Derecho Constitucional. El Vicedecano, Guillermo Barrera Buteler, en
esa materia es titular por concurso de una de las tres cátedras
(además de continuar como camarista en el Poder Judicial de la
Provincia y como titular de otra cátedra, en Derecho Público
Provincial).
Celeridad
y dos dictámenes. El expediente se inició hace poco más de un
mes, pero el oficialismo ya tenía listo un dictamen aprobando el
llamado y el tribunal el mismo día en que entró en el Consejo, es
decir el 22 de septiembre. Nuestro consejero Carlos Juárez Centeno,
junto a consejeros estudiantiles, presentó un despacho de minoría [texto completo, disponible aquí] aconsejando 1) que la convocatoria se suspenda hasta el 31 de julio
de 2015, fecha en que termina el mandato del vicedecano; 2) que se
establezca un cronograma justificado de llamados a concursos, basado
en razones jurídicas, académicas, pedagógicas y administrativas;
3) que se cumpla adecuadamente con el trámite según las normas
vigentes. En su despacho, nuestra bancada brindó las razones: (a) la
igualdad real de oportunidades y de trato, garantizada
constitucionalmente, exige eliminar toda posible influencia, incluso
involuntaria, de la autoridad sobre el trámite del concurso; (b)
aunque todo llamado a concurso debe ser celebrado, no se ha brindado
un cronograma que explique por qué se hace este llamado ahora,
cuando existen situaciones mucho más urgentes, como por ejemplo el
hecho que hay 20 (veinte) asignaturas con todos sus titulares en
calidad de interinos, lo cual hace un total de 46 profesores
titulares interinos, según consta en las resoluciones 5 a 11/2014
del HCD aprobadas en marzo de este año; (c) tampoco se ha cumplido
con la resolución HCD 187/87, que exige consultar a todas las
Facultades de Derecho de universidades nacionales sobre cuáles son
sus profesorxs concursadxs, a fin de seleccionar entre ellxs, con
criterios explícitos, el tribunal que actuará.
Restricción
al debate. La sesión se inició, al igual que la anterior del
dia 25 de septiembre, con una moción de orden del consejero
oficialista José Luis Palazzo, quien -aduciendo razones de
eficiencia- propuso no abrir la discusión sobre los despachos y
limitarse a votar por sí o por no. Se trata de una restricción
importante al debate público y abierto: en comisiones, la discusión
se hace a puertas cerradas. Nuestro consejero Carlos Juárez Centeno
rechazó, al igual que la totalidad de lxs representantes
estudiantiles, la propuesta por considerarla contraria al
funcionamiento democrático del Consejo, atendiendo a la necesaria
vinculación del diálogo y la deliberación con el normal desempeño
de los cuerpos colegiados en una república. Sometida a votación,
este fue el resultado:
9
votos en contra del debate abierto: José Luis Palazzo, Olga Páez,
Víctor Martínez, Mercedes Savall de Massa, Laura Echenique y Álvaro
Rojas Moresi (docentes); Pablo Gennaro y Martín Carranza Torres
(egresados); Silvia del Huerto Aguirre Mathieu (no docente).
8
votos a favor del debate abierto: Carlos Juárez Centeno y María de
los Ángeles Bonzano (docentes), Leonardo Dolman Coppari, Marcos
Quiroga, Juan Alberto Díaz, Nicolás Musso, Facundo Pérez y Diego
Agudo (estudiantes). La consejera María Inés Loyola y su suplente
(por el estamento de profesorxs titulares) estaban ausentes.
Sin
embargo, el oficialismo no cumplió su propia propuesta, a la que
sobre el final de la sesión incluso el consejero Arturo Pagliari
reconoció como “no acertada”. Al entrar en el debate del llamado
a concurso, el representante oficialista Rojas Moresi señaló que
“circunstancialmente” se hallaba en la Facultad el señor Asesor
Jurídico de la Universidad, Dr. Ferrer Vera, y que proponía pasar a
comisión para escuchar la opinión del letrado sobre el tema. Se
aprobó la moción y el Asesor expuso sus ideas durante cerca de 50
minutos. Durante ese lapso, ante la pregunta de un consejero
estudiantil, el Dr. Ferrer Vera confirmó que su presencia no era
casual, sino que había sido invitado a la sesión por la gestión
que integra el Vicedecano.
Los
argumentos de nuestro despacho. Nuevamente en sesión, nuestro
consejero Carlos Juárez Centeno dio lectura al dictamen de minoría,
centrado en dos ejes sustanciales y uno formal. El primero se basa en
el principio constitucional de igualdad real de oportunidades y de
trato, que exige evitar toda posible influencia -incluso
involuntaria- de las autoridades de turno. Justamente por eso, por
ejemplo, ni el Rector ni el Decano ni sus vices pueden integrar
jurados de concurso. El segundo eje se refiere al ejercicio razonable
(CN, art. 28) del poder administrativo: el oficialismo no aporta
razones que justifiquen convocar a concurso precisamente en una
materia que tiene 2 de sus 3 titulares concursados (y el restante, es
un adjunto concursado a cargo), mientras otras 20 (veinte) materias
tienen todxs sus titulares interinxs. Cabe recordar que la Facultad
no ha presentado el nuevo cronograma de concursos y no se justifican
las razones para comenzar justo por el de la materia en la que el
Vicedecano es también titular, y donde uno de lxs consejerxs
docentes de la oposición pone en juego su cargo, tal como otros
representantes de la oposición se encuentran involucradxs. En total,
a marzo de 2014, la Escuela de Abogacía cuenta con 57 profesorxs
titulares interinxs, distribuidxs a lo largo del plan de estudios.
Finalmente, no se ha elaborado una lista de posibles miembros de
tribunal a partir de la consulta a todas las universidades
nacionales, tal como exige la Res. HCD 187/87.
A
la vez, nuestro dictamen señala con preocupación la velocidad
impresa al trámite del expediente, mientras desde 2012 no se
sustancia el concurso de docentes auxiliares de la misma asignatura.
Resulta llamativo, además, que el único cargo de titular a
concursar esté interinamente, por aplicación de las normas
vigentes, en manos del profesor adjunto por concurso Andrés
Rossetti, consejero docente integrante de la bancada opositora. En
tanto, tampoco se llama, por ejemplo, al concurso suspendido de la
materia Derecho Procesal Constitucional donde el mismo docente es el
único candidato con título de doctor. En esa materia, tampoco se
habilita la segunda cátedra (que le toca a Rossetti). De hecho, hay
sólo 3 asignaturas con cátedra únicas en todo el plan de estudios;
pero Procesal Constitucional es la única entre las materias de los
primeros años, donde deben establecerse 3 cátedras.
Respuestas
insuficientes y frases desafortunadas. Al contestar los
cuestionamientos formulados, lxs consejerxs oficialistas no lograron
explicar por qué se convoca ahora a este concurso en particular,
frente a las veinte asignaturas con todxs sus titulares interinxs, y
precisamente cuando el Vicedecano, titular de una de las cátedras,
se halla en funciones. Tampoco justificaron el incumplimiento de la
Res. HCD 187/87. Se limitaron a reafirmar las cualidades personales
del Vicedecano y del tribunal propuesto, lo cual no es materia de
discusión en el dictamen de nuestrxs consejerxs.
Lamentablemente,
en cambio, en vez de responder sobre el contenido del despacho de
minoría y sus contundentes argumentos, en el curso de la sesión
integrantes del oficialismo prefirieron atacar gratuitamente a
nuestro consejero Juarez Centeno con frases desafortunadas o fuera de
lugar. Por ejemplo, la consejera oficialista Aguirre Mathieu le
recomendó “tener cuidado” con lo que dice en la sesión, y le
señaló que se comportaba como un niño. La consejera oficialista
Laura Echenique le pidió que no faltara el respeto a los demás
consejeros, aunque no pudo dar ejemplos de esa conducta. El consejero
oficialista Arturo Pagliari se dirigió a nuestro representante
Carlos Juárez Centeno diciéndole “pedazo de boludo”; luego lo
acusó de “estar haciendo quilombo” y “hablar estupideces”.
El consejero oficialista Martín Carranza Torres pidió a nuestro
consejero “que deponga la actitud petulante y soberbia con la que
suele encarar en general las sesiones”, y “que empecemos a
trabajar sobre argumentos, sobre verdades, sobre realidades, porque
si no siempre trabajamos sobre suspicacias, suspicacias que no
conducen a ningún lado, y que lejos de ser democráticas, son un
argumento, o una manera de actuar, absolutamente fascista”. Poco
más tarde, le dijo a nuestro consejero que “sus suspicacias son muy elocuentes, pero
hablan mucho de usted”, porque “lo que usted sospecha es lo que
seguramente usted haría si estuviera en el lugar de aquellos que
está sospechando”.
Sometido a votación, el expediente fue aprobado del siguiente modo:
11
votos contra los principios constitucionales de igualdad real de
oportunidades y de trato y de ejercicio razonable del poder
administrativo y contra que los concursos se realicen en forma
inobjetable: José Luis Palazzo, Olga Páez, Víctor Martínez,
Mercedes Savall de Massa, Laura Echenique y Álvaro Rojas Moresi
(docentes); Silvia del Huerto Aguirre Mathieu (no docente); Pablo
Gennaro y Martín Carranza Torres (egresados); Juan Alberto Díaz y
Diego Agudo (estudiantes).
6
votos a favor de la igualdad real de oportunidades y de trato y de la
razonabilidad en el ejercicio del poder administrativo y a favor que
los concursos se realicen en forma inobjetable: Carlos Juárez
Centeno y María de los Ángeles Bonzano (docentes); Leonardo Dolman
Coppari, Marcos Quiroga, Nicolás Musso y Facundo Pérez
(estudiantes). Las consejeras Loyola y su suplente estaban ausentes.
